
Así, según Greenpeace, la futura solución “al problema sanitario y ambiental de Huelva será analizada por personas que en todo momento han manifestado públicamente la inocuidad de los fosfoyesos que se vierten a las marismas del río”.
“Resulta cuando menos sospechoso que la Junta no quiera que haya representantes de la sociedad civil en este grupo y cabe preguntarse si el Gobierno andaluz tiene algo que ocultar”, concluyó Julio Barea, representante Greenpeace.
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